El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este martes 30 de septiembre una resolución para crear una «Fuerza de Supresión de Pandillas» (GSF) en Haití, pese a los cuestionamientos y resultados poco favorables de la misión predecesora.

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La medida autoriza la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) a esta nueva fuerza por un período inicial de 12 meses. La resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá fue adoptada con 12 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra.

El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, justificó la abstención de su país al señalar que no existió una evaluación sobre la eficacia de la misión anterior. En este sentido, cuestionó la creación de una misión «con un mandato virtualmente irrestricto para usar la fuerza», al tiemó que señaló: «Mantenemos nuestra opinión de que el Consejo se está viendo empujado una vez más a una aventura peligrosa y mal planificada».

China justificó posteriormente su abstención en que el «fracaso» de la MSS se debió a los incumplimientos de un «importante país» y en que no se tuvo en cuenta al Gobierno chino para el diseño de esta resolución que, además, «no incorpora un estudio previo sobre el terreno».

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Michael Waltz, sostuvo que es «un primer paso clave» para abordar la crisis. En esa línea, el embajador haitiano, Antonio Rodriguez, destacó que la decisión ofrece a la comunidad internacional «los medios para responder a la gravedad de la situación».

La nueva GSF sustituirá a la MSS, cuyo mandato finaliza el próximo 2 de octubre. La fuerza estará compuesta por un máximo de 5.500 efectivos y 50 civiles, y se financiará con «contribuciones voluntarias» de los Estados miembros.

Según datos de la ONU, los grupos armados controlan cerca del 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe, lo que en 2024 provocó más de 5.600 muertes y el desplazamiento de 1.3 millones de personas.

Cortina de humo y antecedentes negativos

Desde Haití, varias organizaciones de la sociedad civil se muestran escépticas ante esta perspectiva. En primer lugar, porque la propia MMS, que ha costado cientos de millones de dólares a sus financiadores, les pareció más una cortina de humo que una solución a la crisis haitiana.

Aprobada en octubre de 2023 por el Consejo de Seguridad, con un mandato de dos años, su implementación no comenzó hasta nueve meses después, cuando llegaron 400 kenianos a la isla. Y aún contando con refuerzo procedente de algunos países caribeños, el número de soldados y policías que la componen nunca llegó a mil, muy lejos de los 2500 inicialmente previstos.

Según el presidente keniano, William Ruto, la fuerza ha estado operando con solo el 40 % de su capacidad, debido a la falta de financiación, equipamiento y logística. En la práctica, la MMAS tampoco ha aportado ninguna respuesta contundente en términos de combate a las bandas armadas.

Por otro lado, una de las antecesoras de la MSS más importante es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) que asumió de 2004 a 2017 amplias funciones de seguridad, que incluyeron una campaña armada contra las pandillas, pero fue reemplazada por una fuerza policial mucho más reducida, que concluyo en 2019.

Ambas misiones se vieron empañadas por controversias, incluyendo acusaciones de que tropas de la ONU explotaban sexualmente a mujeres pobres y eran responsables del brote de cólera del 2010. Según un informe de la ONU, se registraron casi 2.800 asesinatos entre octubre de 2022 y junio de 2023.

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